6-23-25 - ISRAEL, PALESTINE

Maersk, una de las empresas de envío más grandes del mundo, anunció en su sitio web que detendrá los envíos de empresas con sede en asentamientos ilegales israelíes en Palestina. Maersk ha sido blanco no solo de activistas pro-Palestina como el Movimiento de la Juventud Palestina, sino también de Ansar Allah, también conocido como el movimiento hutí en Yemen. Los hutíes controlan el Mar Rojo y han atacado barcos contratados por empresas israelíes, incluidos barcos de Maersk. Los activistas afirman que su campaña continúa porque, aunque Maersk ya no envía carga comercial, aún envía equipo militar a Israel. En otras noticias, el gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia, suspendiendo las protecciones constitucionales en la provincia de Bocas del Toro tras dos meses de protestas y bloqueos de carreteras por trabajadores en respuesta a la controvertida reforma de la seguridad social. La provincia es una importante región de cosecha de plátanos donde los trabajadores se han pronunciado contra las condiciones de explotación de la empresa Chiquita. La empresa, anteriormente conocida como United Fruit Company, despidió a miles de trabajadores en huelga el mes pasado.

 

Maersk, one of the largest shipping companies in the world, has announced on their website that they will stop shipments from companies that are based in illegal Israeli settlements in Palestine. Maersk has been the target of not only pro-Palestine activists such as Palestinian Youth Movement, but also Ansar Allah, also known as the Houthi movement in Yemen. The Houthis control the Red Sea and have attacked ships contracted by Israeli companies, including Maersk ships. Activists say their campaign is ongoing because although Maersk no longer ships commercial cargo, it still ships military equipment for Israel. In other news, the government of Panama has declared a state of emergency, suspending constitutional protections in the Bocas del Toro province after two months of worker-led protests and road blockades in response to controversial social security reform. The province is a major banana-producing region where workers have spoken out against exploitative conditions by the Chiquita company. The corporation, formerly known as United Fruit Company, fired thousands of striking workers last month.